Más de un centenar de abogados y profesionales del derecho de toda España han presentado ante la Audiencia Nacional una demanda contra la Ley de Tasas Judiciales y han pedido al juez que suspenda el cobro de manera cautelar.
More than a hundred lawyers and legal professionals throughout Spain’s National Court filed a lawsuit against the Court Fees Act and asked the judge to suspend the collection in a precautionary manner. In this lawsuit, claiming to be the National Court itself which raises a question of unconstitutionality before the Constitutional Court. En esta demanda, reclaman que sea la propia Audiencia Nacional la que plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La demanda está respalda por abogados de Alicante, entre ellos el presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de esta provincia, Carlos Frígola. La iniciativa ha partido del jurista Ramón Entrena, que firma como letrada la demanda junto con Enrique Arnaldo Alcubilla y Concha Jiménez Shaw.
Fuentes cercanas a los demandantes explicaron que trata de dar cauce a la sensación de impotencia que causó a todos los profesionales la Ley de Tasas que incidieron que se trata de un texto «abiertamente inconstitucional». Según las estimaciones que han realizado los denunciantes , los juzgados de toda España han registrado un descenso de hasta un 30 por ciento menos en el número de procedimientos civiles. «La disminución de asuntos contra las administraciones públicas es aún superior, con el perverso efecto de asegurar de hecho la inmunidad de los actos de éstas», recalcan las mismas fuentes.
La denuncia plantea también que se está produciendo una vulneración de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos ante las tasas de Gallardón.
Los denunciantes recuerdan que los particulares no pueden presentar por ellos mismos un recurso de inconstitucionalidad de manera directa. Únicamente pueden hacerlo 50 diputados, 50 senadores, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y un Gobierno o un Parlamento autonómicos. Con el procedimiento elegido, la demanda se ha presentado ante la Audiencia Nacional a través de un procedimiento contencioso administrativo que será quien tenga que pronunciarse sobre si procede la suspensión cautelar de las tasas, mientras se eleva al Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad sobre este texto.Demand is supported by lawyers Alicante, including President of the Association of Young Lawyers of this province, Carlos Frígola. The initiative has come from the Train Ramon jurist, who signs as legal demand with Enrique Concha Arnaldo Jiménez Alcubilla and Shaw.
Sources close to the applicants explained that is to channel the feeling of helplessness that caused all Professional Fees Act that affected that a text is «blatantly unconstitutional.» Estimates have been made that the plaintiffs, courts in Spain have seen a decline of up to 30 percent less in the number of civil proceedings. «The decline in cases against government is even higher, with the perverse effect of actually securing immunity for these acts,» the same sources stress.
The complaint also raises being produced an infringement of effective judicial protection of citizens before Gallardón rates.
The petitioners point out that individuals can not themselves submit a constitutional complaint directly. They can only do 50 deputies, 50 senators, the Prime Minister, the Ombudsman and a government or a regional Parliament. With the method chosen, the application has been lodged with the High Court through an administrative contentious procedure will have to decide who to whether freezing of rates, while raising the question of unconstitutionality Constitutional on this text.